lunes, 28 de julio de 2008

La consulta ciudadana sobre la reforma energética









Danza de cifras y anécdotas al realizarse la consulta ciudadana sobre la reforma energética

El gobierno debe aprender a pedirnos opinión, dijeron quienes eligieron el

“¡Ratero!” grita una adelita a Serrano Limón

Apoyo de vecinos de Cárdenas a la iniciativa

Jaime Avilés

Que Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, fue increpado por una adelita muy temprano en Coyoacán; que en la casilla ubicada frente al edificio donde vive Cuauhtémoc Cárdenas en Polanco ganó por nueve votos el sí; que en la delegación Xochimilco la copiosa participación popular matutina disminuyó a causa de las lluvias de la tarde; que en muchos casos la oscura redacción de la segunda pregunta hizo que la gente se mostrara favorable a la reforma de Felipe Calderón…

Que la tardanza en la instalación de las mesas receptoras en el Distrito Federal obedeció a la escasez de recursos; que al filo de las ocho de la noche se estimaba, en los nueve estados en los que también se realizó el ejercicio, una participación cercana al millón 200 mil votos, mientras en la ciudad de México se calculaba que ésta ascendía a 870 mil; que a vuelo de pájaro ya podía hablarse, en términos generales, de una tendencia de entre 15 y 20 por ciento favorables al y de 80 a 85 por ciento por el no…

Que desde las primeras horas de la tarde el PAN capitalino filtró que había “urnas embarazadas” y que interpondría denuncias penales y que mostraría “videos” para sustentar sus acusaciones, o que a las seis de la tarde en el parque central de Acapulco, Guerrero, había 450 votos por el no y sólo 12 por el sí, podrían ser, elegidos al azar, datos de indudable interés periodístico para abrir esta crónica, sin embargo, ninguno parece tan rotundo como el siguiente:

Eran apenas las siete de la mañana con 15 minutos cuando sonó por primera vez el teléfono en el Centro Nacional de Cómputo, dentro de la Alianza de Tranviarios, junto a la Arena México, en la colonia Doctores. La llamada provenía de San Luis Potosí y la atendió Ernesto Alvarado.

“Era un compañero que habló para decirme: ‘la casilla que me tocó está exactamente a mil 300 metros de mi casa. En este momento me faltan 200 metros para llegar, pero como me encontré un teléfono público que da servicio gratis les quise avisar. Que tengan muy buenos días’”, agregó, antes de colgar.

En el viejo local de la calle de doctor Lucio, desde el sábado por la tarde, fue instalada una red de 60 líneas telefónicas, conectadas cada cual a un ciudadano que regaló su trabajo en forma voluntaria y fue capacitado para recibir tres tipos de datos en tres clases de papeletas distintas: una para recabar todo lo relacionado con la apertura de las casillas; otra para medir la afluencia de participantes, y la tercera para captar las preferencias de los ciudadanos.

Pasadas las ocho de la noche de ayer, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, responsable de ese establecimiento, habían llegado los datos de mil 640 casillas, dispersas en los estados de México, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y, por supuesto, San Luis Potosí, y los resultados preliminares eran éstos: en favor del no se habían computado 217 mil 476 boletas y por el 16 mil 573, todo lo cual representaba alrededor del 16 por ciento de las 7 mil mesas receptoras distribuidas en aquellas nueve entidades.

Sin embargo, de acuerdo con otra fuente, casi la mitad de ellas, instaladas en el estado de México, presentaban problemas “a causa de los liderazgos regionales”, ya que éstos habrían “montado sus propios centros de cómputo” y no querían soltar nada hasta que tuvieran hechos sus propios números.

En el Hotel de la Ciudad, mientras tanto, se llevaba a cabo una reunión a puerta cerrada entre los miembros del Consejo Ciudadano, nombrado por Marcelo Ebrard –e integrado por el periodista Carlos Payán, las escritoras Guadalupe Loaeza y Laura Esquivel, la actriz Dolores Heredia, así como por Edur Velasco, Héctor Díaz-Polanco, Epigmenio Ibarra y Blanche Petrich, entre otros–, con el número dos del gobierno capitalino, José Ángel Ávila; el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo; el consejero presidente del Instituto Electoral, Isidro Cisneros, y el ex regente Manuel Camacho, responsable de la consulta por el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador.

Los pecados de Serrano Limón

Afuera, en otro salón, los reporteros intercambiaban anécdotas y recuerdos de lo que habían recogido a lo largo de la jornada. Uno contaba, por ejemplo, que en la casilla de la placita coyoacanense de Santa Catarina, frente a la casa de la cultura Jesús Reyes Heroles, la señora Carmen Ostos, adelita de hueso y rebozo colorado, sorprendió fisgoneando al presidente nacional de Provida, Jorge Serrano Limón, quien salía de la iglesia más cercana, después de oír misa y rogar por el perdón de sus pecados, sobre todo de aquellos en que el diablo lo tentó con tangas, plumas fuentes de oro y millones de pesos pertenecientes al erario.

Y de repente, al verlo tan campante, la señora Ostos se le fue encima increpándolo: “¿Qué haces aquí? ¡Deberías estar en la cárcel por ratero!”. Horas antes o después, pero no muchas, según el testimonio del historiador Rodrigo Borja, a la salida de una iglesia del Pedregal de San Ángel, había una fila de gente rica, dispuesta a votar por el sí, que decía en voz alta: “Estamos de acuerdo con lo que propone Calderón, pero vamos a participar porque el gobierno tiene que aprender a pedirnos nuestra opinión antes de tomar decisiones importantes”.

Algo así, probablemente, debió de haber ocurrido en torno a la mesa número 29-B, de Polanco, sita en el Parque de los Espejos, a unos metros del edificio donde vive el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, porque pasadas las seis de la tarde, los resultados eran: 47 votos por el y 38 por el no.

Desde la colonia Del Valle, frente a la funeraria Gayosso, los datos hablaban de 119 para el no y 53 para el sí, en tanto en el zócalo de Coyoacán, los resultados de la 20-B eran 224 para el no y 74 para el sí, y en la 19-B de Tlalpan, 115 para el no y 35 para el sí. Otros cálculos hablaban de una participación de 35 mil votos en el distrito electoral número 13, que abarca las colonias del Centro, donde la colocación de mesas fue tan excesiva que el promedio de sufragios por cada una se redujo drásticamente.

Esta vez no valió aquello de más vale que sobre y no que falte, porque en otros lugares de la ciudad hubo quienes tocaron a la puerta de los vecinos para pedir mesas y sillas, que no había proporcionado el gobierno de Marcelo Ebrard. Y todo esto y más se editorializaba en los pasillos del Hotel de la Ciudad, cuando comenzó la rueda de prensa en la que Payán anticipó una participación de 870 mil votos, sólo en la capital del país, cifra que habrá de ser confirmada en las próximas horas…

Consulta sobre la reforma energética en el DF


DF: 870 mil personas en la consulta


México, 27 Jul (Notimex).- El Consejo Técnico de la Consulta Ciudadanala Reforma Energética informó que de acuerdo al conteo rápido de votación en el ejercicio de este domingo se calcula la participación de 870 mil personas en la ciudad de México.
sobre

En conferencia de prensa, Carlos Payán, integrante del Consejo Técnico organizador, informó que según un conteo rápido en la primera pregunta por el Sí votaron tres mil 415 y por el No, 24 mil 362.
La pregunta dice “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¨¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo que esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?
De acuerdo a la proyección se calculan 105 mil opiniones a favor del Sí y 750 mil por el No, con lo cual la cifra total calculada es de 869 mil participantes, que contaría los anulados.
En la segunda pregunta que dice “En general está usted de acuerdo o no con que se apruebe las iniciativas relativas a la reforma energética que se debate actualmente en el Congreso de la Unión?
Por la respuesta Sí se tuvieron cuatro mil 191 y por el No 23 mil 667, con lo cual la proyección para esta segunda respuesta es de 129 mil para el Si y 773 mil para el No con un total de participantes de 870 mil estimados.
En la reunión estuvieron presentes el coordinador de la consulta petrolera, Manuel Camacho Solís, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, y el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Isidro Cisneros.
Asimismo, integrantes del consejo ciudadano integrado para la consulta, entre ellos, Carlos Payán, Epigmenio Ibarra, Yara Álvarez, Héctor Vasconcelos, Laura Esquivel, Héctor Díaz Polanco y otros.
También estuvo presente el secretario de gobierno capitalino, José Ángel Dávila, quien aseguró que en las próximas horas seguirán dando avances sobre los resultados de la consulta ciudadana.

jueves, 10 de julio de 2008

Rechazan Intelectuales la propuesta de Calderón



Exigen intelectuales rechazar la propuesta petrolera de Calderón

■ Presentan en el Senado Las trece líneas rojas de la reforma

Busca privatizar Pemex y es contraria a la Constitución, sostienen

A. Becerril y E. Méndez


En nombre del comité de intelectuales en defensa del petróleo, Luis Linares Zapata presentó ayer en la Cámara de Senadores Las trece líneas rojas de la reforma petrolera, documento en el cual se plantea que el proyecto debe ser rechazado “por su evidente intención privatizadora y su carácter contrario a la Constitución”.

El texto leído por Linares Zapata señala que el paquete de iniciativas del presidente Felipe Calderón es inaceptable, porque se pretende transferir parte de la renta petrolera a inversionistas extranjeros, se reviven contratos de riesgo y se acepta la jurisdicción de tribunales internacionales, además de que manifiesta el propósito de entregar a empresarios e inversionistas privados las actividades centrales de la industria.

A continuación, el documento íntegro de los intelectuales:

Los debates sobre las iniciativas de reforma energética ya han puesto en claro que deben ser rechazadas. Son inaceptables porque van en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende violentar a través de cambios en leyes secundarias. Es evidente su intención privatizadora porque pretenden transferir a empresarios e inversionistas privados, foráneos y nacionales, las actividades estratégicas de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra: se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera y las funciones básicas de Pemex.

Destacan en las iniciativas propuestas por Felipe Calderón trece disposiciones especialmente lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:

Primera: la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades estratégicas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los alcances de esos contratos y las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir incentivos vinculados con el éxito de la obra o servicio. Esta indefinición excesiva abre espacios a la corrupción.

Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera por operaciones de extracción de petróleo y gas. El pago en efectivo por la exploración y extracción, al precio de mercado del crudo, disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo.

Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado, mediante la maquila de refinación y la petroquímica.

Cuarta: autorizar a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos equivalentes a los de riesgo, violatorios de la Constitución y las leyes.

Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera. Aceptar los “mecanismos de explotación conjunta” y privada para yacimientos transfronterizos.

Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados.

Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios.

Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central, en lugar de reafirmar la garantía de la seguridad energética de la nación.

Novena: proponer un consejo de administración (CA) de Pemex cuya integración (a discreción sólo del Ejecutivo), facultades excesivas (que incluyen la contratación de deuda pública), carácter discriminatorio, grado excesivo de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones violan la Constitución y resultan funcionales sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.

Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general, mediante el establecimiento de seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar.

Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.

Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero (y) la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles”, lo que es absolutamente improcedente e implica el abandono de la cláusula Calvo que ha sido central en nuestra política exterior.

Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales.

Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz-Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer.

La consulta, un logro del movimiento ciudadano



Carta de intelectuales

“La consulta, un logro del movimiento ciudadano”

No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:

Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya permanencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…

Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:

–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.

–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.

–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dónde proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la televisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.

–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.

–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.

–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las mino-rías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (ejemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.

–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.

Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.

Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.

22 de junio de 2008.

Atentamente

Comité de intelectuales en defensa del petróleo

Marco Antonio Campos
Rolando Cordera
Arnaldo Córdova
Laura Esquivel
Bolívar Echeverría
Víctor Flores Olea
Luis Javier Garrido
Héctor Díaz-Polanco
Antonio Gershenson
Margo Glantz
Enrique González Pedrero
Hugo Gutiérrez Vega
David Ibarra
Luis Linares Zapata
Guadalupe Loaeza
Lorenzo Meyer
Roberto Morales
Carlos Monsiváis
Jorge Eduardo Navarrete
Carlos Payán
Carlos Pellicer
José María Pérez Gay
Sergio Pitol
Elena Poniatowska
Ida Rodríguez Prampolini
Enrique Semo
Víctor Manuel Toledo
Héctor Vasconcelos
Javier Wimer

Contra la privatización del punto de vista nacional

Ciudadanos contra la privatización del punto de vista nacional

A la opinión pública:


La iniciativa del Gobierno del Distrito Federal de realizar una consulta popular al término de los debates sobre la reforma energética en el Senado de la República, se está extendiendo para ser un ejercicio nacional. De esta manera, se conocerá del modo más sólido posible la postura sobre el tema de un gran sector de la ciudadanía. A la iniciativa se han opuesto categórica y cerradamente funcionarios del Gobierno Federal y del Partido Acción Nacional. Así, Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, se sobresalta: “Si tenemos un Congreso plural y que fue electo democráticamente, ¿por qué habría necesidad de consultar a nadie? Los problemas técnicos deben ser resueltos con base en las opiniones de los expertos y confiando en el juicio de quienes elegimos para diseñar las leyes que rigen el país”.

Interviene el director de Pemex Jesús Reyes Heroles: “Resulta incomprensible que se consulte a la gente. El tema es demasiado complejo como para sometérselo a consulta popular”. Y la secretaria de Energía Georgina Kessel señala: “Las decisiones ya se tomaron en las elecciones del 2006”, cuando nadie habló de privatización o de asociarse con empresas trasnacionales.

¿A qué se enfrenta ahora la ciudadanía? A la tesis estrepitosa que ve en la ignorancia de los ciudadanos, sinónimo de la Consulta, el descarrilamiento de la reforma energética (Santiago Creel). La operación “quirúrgica” está a la vista: se trata de eliminar el derecho de los ciudadanos a tener un punto de vista nacional sobre su patrimonio; se quiere, sin metáforas, privatizar la opinión pública, reducirla al juicio de un grupo autocalificado de expertos, los únicos, según repiten, autorizados para decidir el rumbo del país.

¿Sólo unos cuantos tienen derecho a un punto de vista sobre la reforma energética? Ya se sabe que la decisión final le toca al Congreso, ¿pero a los ciudadanos no se les autoriza palabra alguna? ¿Es una herejía literal la Consulta y la privatización de la industria petrolera exige antes que nada el monopolio de la expresión? La Consulta será un ejercicio indispensable de ciudadanía, negarse a ella por temor o por “soberbia de experto” es, simplemente, un rechazo de las convicciones, las que tengan, de la opinión pública y de la sociedad civil, es una inspiración del silencio como el único derecho de la ciudadanía.

6 de julio de 2008.

Atentamente

Marco Antonio Campos

Rolando Cordera

Arnaldo Córdova

Laura Esquivel

Bolívar Echeverría

Víctor Flores Olea

Luis Javier Garrido

Héctor Díaz-Polanco

Antonio Gershenson

Margo Glantz

Enrique González Pedrero

Hugo Gutiérrez Vega

David Ibarra

Luis Linares Zapata

Guadalupe Loaeza

Lorenzo Meyer

Roberto Morales

Carlos Monsiváis

Jorge Eduardo Navarrete

Carlos Payán

Carlos Pellicer

José María Pérez Gay

Sergio Pitol

Elena Poniatowska

Ida Rodríguez Prampolini

Enrique Semo

Víctor Manuel Toledo

Héctor Vasconcelos

Javier Wimer

Saludable aceptación de la propuesta del debate nacional

Sobre el debate nacional

Comité de Intelectuales

en Defensa del Petróleo

Al Poder Legislativo:

A la opinión pública:

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.

Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cuál dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a PEMEX. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige, es un procedimiento civilizado y racional.

15 de abril de 2008.

ATENTAMENTE

Marco Antonio Campos

Rolando Cordera

Arnaldo Córdova

Laura Esquivel

Bolívar Echeverría

Víctor Flores Olea

Luis Javier Garrido

Fernando del Paso

Héctor Díaz-Polanco

Margo Glantz

Antonio Gershenson

Enrique González Pedrero

Hugo Gutiérrez Vega

David Ibarra

Guadalupe Loaeza

Lorenzo Meyer

Carlos Monsiváis

Jorge Eduardo Navarrete

Carlos Payán

Carlos Pellicer

José María Pérez Gay

Sergio Pitol

Elena Poniatowska

Ida Rodríguez Prampolini

Enrique Semo

Héctor Vasconcelos.

CARTA III. ¿El debate nacional?


CARTA III. ¿El debate nacional?

Hoy se presentó, finalmente, el proyecto de Felipe Calderón para la reforma energética. Aún no se conoce el texto, pero ya Calderón, en su mensaje a la nación, se ha encargado de depositar sus beneficios en cada uno de los hogares. El reparto de los bienes antes de saber siquiera cómo piensan obtenerlos. Pero el asunto no es cómo se organizarán las expediciones de los dueños de los bonos a las aguas profundas, sino cómo se va a proceder con el debate, en el que todos parecen estar de acuerdo, pero que Calderón lo suprimió en su mensaje y aún se ignoran las exigibles reglas del juego. El asunto no es coyuntural, es primordial para la República y para la identificación de patriotismo con patrimonio nacional, y por eso, la prisa mostrada por el sector de Acción Nacional, y exigida por Felipe Calderón, no lleva a ningún lado, a menos que se confunda el darle la voz a unos cuantos a puerta cerrada con la discusión libre y amplia que el tema y la ciudadanía merecemos.

¿Qué es el debate necesario sobre la privatización del petróleo? Es la primera gran oportunidad de que la sociedad nacional delibere sobre su gran recurso de economía y desarrollo; es el intercambio de juicios de expertos, que se acompañen de documentos probatorios; es el ejercicio de participación (opiniones y juicios) en el tema en donde todos somos lo suficientemente expertos como para saber qué le conviene y qué no a la nación, porque lo contrario sería, antes de intentar privatizar el petróleo, privatizar la decisión y, por tanto, expulsar a la inmensa mayoría de la toma de decisiones en uno de los hechos que más le afectan.

¿Cuáles son las vías para el debate? La primera es subrayar la importancia de darle a la sociedad los elementos de juicio que se le han negado históricamente (“no van a entender, es muy complicado”) y eso exige una reflexión colectiva y personal no sujeta a los tiempos legislativos.

La segunda vía es la elección de medios en donde desplegar las discusiones. Esos medios tienen que ser por fuerza el canal del Congreso, los canales de televisión privada, la red nacional de radioemisoras y la prensa regional y nacional. Esto no es pedir demasiado porque la persuasión, el estar convencido a través de los hechos, es el gran elemento de equilibrio de la República. Corresponde al gobierno federal presentar el proyecto complementario: cómo deben darse los diálogos, de qué manera evitar los monólogos y de qué tiempos se dispondrá. Hoy, estar de espaldas al pueblo es de manera estricta estar de espaldas a televidentes, radioescuchas y lectores.

La tercera vía es la selección de las fuerzas que deben intervenir. Por supuesto, además de los partidos políticos, necesitan hacer uso de sus razones los sectores cuya actividad profesional los vincula a la industria petrolera (nadie niega la presencia de la iniciativa privada en el sector energético, pero se ha rechazado justamente el cambio del artículo 27 constitucional), los movimientos sociales, los grupos de la sociedad civil, las universidades y los centros politécnicos, los grupos indígenas, los trabajadores petroleros. A cada uno de estos grupos y sectores, le corresponderá nombrar a sus representantes.

(A este respecto, vale la pena mencionar lo dicho por Felipe Calderón, que aseguró que esta vez sí se va a haber rendición de cuentas y finalizará la corrupción. Es muy interesante que de manera no tan implícita se reconozca que el primer gobierno de Acción Nacional permitió o fomentó la corrupción, tan representada según la opinión pública por el sindicato de Pemex y su líder Carlos Romero Deschamps, tan elogiado directamente por Calderón).

La cuarta vía tiene que ver con las maneras de indagar las respuestas al debate. Se puede optar por las encuestas y queda abierto el camino del referéndum, pero no se puede dar por concluido el debate sin enterarnos de sus repercusiones sociales.

La mejor manera de incorporar las preocupaciones graves y las desconfianzas profundas a propósito de la reforma energética, es abrir cauces civilizados y democráticos. En este caso, el primero de ellos es un debate nacional sistemático y sólido. Esto alejará la tentación de la violencia oficial, históricamente siempre precedida por sus redes de provocación.

Por el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

Marco Antonio Campos

Rolando Cordera

Arnaldo Córdova.

Laura Esquivel

Bolívar Echeverría

Jorge Eduardo Navarrete

Víctor Flores Olea

Luis Javier Garrido.

Fernando del Paso

Héctor Díaz-Polanco.

Margo Glantz

Antonio Gershenson

Enrique González Pedrero

Hugo Gutiérrez Vega

David Ibarra.

Guadalupe Loaeza.

Lorenzo Meyer

Carlos Monsiváis

Carlos Payán.

Carlos Pellicer

José María Pérez Gay

Sergio Pitol

Elena Poniatowska

Ida Rodríguez Prampolini

Enrique Semo

Héctor Vasconcelos

Hacia el debate. Carta I: ¿Qué es la privatización?

Piden intelectuales amplio debate para reforma energética

En el documento “Hacia el debate. Carta I: ¿Qué es la privatización?”, integrantes del comité de intelectuales en defensa del petróleo reflexionaron sobre el tema

Redacción
El Universal
Ciudad de México
Jueves 03 de abril de 2008

Un grupo de intelectuales, entre ellos Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Fernando del Paso y Margo Glantz, se pronunciaron a favor de un debate amplio y ciudadano en torno a la reforma energética.

En un documento, al que denominaron “Hacia el debate. Carta I; ¿Qué es la privatización?”, integrantes del comité de intelectuales en defensa del petróleo reflexionaron sobre este tema.

A continuación el texto íntegro de la carta:

A la convocatoria de la secretaria de Energía y del director de Pemex para un debate amplio sobre la reforma energética, respondimos afirmativamente en nuestro carácter de ser uno más de los numerosos grupos y personas interesados en uno de los asuntos fundamentales del desarrollo nacional.

A la invitación primera no han seguido propuestas del gobierno federal sobre las formas y los métodos del debate y, en abierta contradicción con la propuesta, el Partido Acción Nacional da por inexistente el llamado a discutir y anuncia que serán ellos y no el Poder Ejecutivo, quien envíe el proyecto a las Cámaras. También, y en sentido complementario, el senador Manlio Fabio Beltrones decide que no hace falta el debate y que ya todo debe estar en manos de expertos.

Eso es, de modo tajante, el llamado a la privatización del conocimiento, sin más. Los expertos tienen necesariamente, la última palabra, pero en una democracia, esa última palabra se integra por las decisiones informadas de la colectividad.

Suponíamos y suponemos que el Ejecutivo tiene por razón natural una información abundante sobre el petróleo, muy superior a la de Acción Nacional, pero cada grupo decide cómo distribuye sus costos políticos. Y, también, es curioso que el PRI, por voz de su líder, decida que a los ciudadanos, en su calidad de no expertos, les toca callar y obedecer.

Confiamos en las virtudes críticas del debate y por eso insistimos en mantenerlo como salida racional. Por eso ahora presentamos una definición posible de la privatización del petróleo. Estamos seguros que por su carácter crucial, la discusión continuará. ¿Cuál es la prisa?

Privatización significa vulnerar el principio constitucional que hace de la Nación la propietaria de los recursos del subsuelo, en especial de los hidrocarburos, y reducir la exclusividad de Pemex en la explotación de los recursos petroleros de la Nación. Privatizar es entregar parte de esa riqueza a empresas nacionales y extranjeras, afectando la soberanía nacional y el presente y el futuro de los mexicanos.

Atentamente

Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Margo Glantz, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique González Pedrero, Laura Esquivel, José María Pérez Gay, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Ida Rodríguez Prampolini, Luis Javier Garrido, Víctor Flores Olea, Héctor Vasconcelos, Carlos Payán, Héctor Díaz-Polanco, David Ibarra, Enrique Semo, Carlos Pellicer, Jorge Eduardo Navarrete, Luis Linares y Antonio Gershenson

Propuesta del Gobierno legítimo sobre el sector energético

Propuesta del Gobierno legítimo sobre el sector energético

Claudia Sheinbaum Pardo


Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los legisladores del Frente Amplio Progresista y a las mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo por haber abierto este debate.

El martes pasado, en este foro, el licenciado Ortiz Pinchetti, como secretario del gobierno legítimo, informó que presentaríamos una propuesta alternativa de fortalecimiento del sector energético. El día de hoy, en el mismo carácter, vengo a presentarla.

Las iniciativas de reforma y creación de nuevas leyes y entidades presentada por Felipe Calderón, presidente espurio, incluida la presentada el día de ayer, tienen como propósito central privatizar áreas estratégicas de la industria petrolera nacional, violando la Constitución.

Es
te plan entreguista obedece a los lineamientos de los organismos financieros internacionales que han obligado a países en desarrollo a aplicar una política de reformas donde se privilegia la ganancia privada sobre el desarrollo independiente y el bienestar de la mayoría del pueblo.

Aún así, la privatización que se propone va en sentido contrario a lo que está ocurriendo en el mundo en materia de empresas petroleras, donde la orientación es cada vez más hacia el control estatal y mayor integración vertical. No sólo es el caso de América Latina, sino de Rusia, Europa y Medio Oriente.

No sólo eso, en la concepción del gobierno de facto, sustentada en la iniciativa presentada en el Senado y las prospectivas del sector energético, las metas para la industria petrolera nacional siguen siendo la sobreexplotación del recurso, la importación de los hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública.

Contrario a esta visión, nuestra propuesta corresponde a una política energética integral soberana que visualiza al sector energético nacional como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios de los energéticos y la electricidad y busca cubrir las necesidades energéticas básicas para la población.

La propuesta que a continuación presento, que viene trabajándose desde hace tiempo, consta de cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector energético, principalmente el de los hidrocarburos, no se requieren grandes reformas jurídicas para llevarla a cabo, más bien es un asunto de voluntad política y visión de soberanía.

Uno, Pemex como motor de la economía nacional.

Convertir a Pemex en motor de la economía nacional significa que éste aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización de los productos.

Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no sólo se fortalece a la entidad pública sino se genera un impulso a la actividad industria nacional.

Esto es así por la gran ventaja competitiva que es de disponer de granares reservas, contar con una empresa integrada con una experiencia de 70 años de operación y por la derrama económica que las nuevas inversiones generarían.

La aseveración oficial de que Pemex no tiene capacidad técnica para mantenerse eficientemente en la industria contradice estos 70 años de experiencia. Que hoy Pemex tenga problemas operativos, financieros y de eficiencia que no le permiten aprovechar estas oportunidades es un problema muy diferente que corresponde a una política deliberada de desmantelamiento y descapitalización que lleva al menos dos décadas.

El reto es revertir la desintegración de la cadena de valor, misma que nos obliga a importar el 40 por ciento de gasolinas, el nueve por ciento del diesel , el 15 por ciento del gas LP y 15 por ciento del gas natural, que representan una erogación de más de 20 mil millones de dólares anuales.

Al argumento oficial que se sostuvo durante años, incluidos el gobierno panista, de que estas importaciones no tienen mayor importancia mientras las podamos comprar fuera, nosotros respondemos que los petrolíferos deben elaborarse en México con inversión y operación de Pemex porque representan valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico, así como certidumbre en la disponibilidad de los productos.

Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir, operar la refinación, transporte y almacenamiento, vendrían de la misma fuente que para Pemex: es decir, la venta de hidrocarburos en el mercado nacional.

Sin embargo, la ventaja económica de que estas instalaciones las construya y opere Pemex es que ésta cuenta con experiencia, materia prima, puede manejar de manera integral todo el proceso de industrialización petrolera y lo más importante, Pemex utilizaría las ganancias para su fortalecimiento y el beneficio del país en vez de que éstas se quedaran en unas cuantas manos privadas.

Para lograr este objetivo proponemos:

A) Reintegrar a Pemex como una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales.

Esto permitirá establecer una política de planeación integral, revertir el sistema de precios interorganismos que ha dañado tanto la inversión y la competitividad de la empresa, y evitar la duplicidad de gastos administrativos y burocráticos.

También proponemos una mayor integración energética entre Pemex, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro, a través, de entre otras acciones, sustentar parte del crecimiento de la generación eléctrica en el uso de los derivados pesados, utilizando nuevas tecnologías que disminuyen los impactos ambientales.

Esto permitiría reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento en la generación eléctrica debe sustentarse también en otros fuentes de energía, como las renovables.

La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional y en gran medida obedece a negocios de los más altos funcionarios del sector energético que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú, Nigeria, de bajo costo pero vendido a la Comisión Federal a precios mucho más altos.

B) Generar un nuevo sistema de preciso dentro del sector energético.

Este sistema debe de estar sustentado en el costo de producción y la renta petrolera nacional y no como actualmente se establece, con los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Debemos construir los precios con base en el costo de producción de crudo y gas natural, con el objetivo de maximizar el valor y el uso de la infraestructura y los activos existentes, además, esto permitirá reducir los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población.

Bajo esta premisa, se harían altamente rentables de inmediato las actividades de refinación y petroquímica de Pemex, tanto las actuales como las nuevas inversiones que apoyarán las diversas ramas industriales del país.

Dos, canalizar el grueso de los excedentes presupuestales del petróleo hacia Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas para liberar a Pemex de su carga fiscal.

Proponemos una nueva política de asignación de prioridades presupuestales mediante la cual todo el excedente presupuestal petrolero que hoy no se sabe a dónde va y que hoy no se reparte a los estados y municipios sea invertido en el sector energético. Estimamos este potencial en 2008 es de 200 mil millones de pesos.

Al disponer de 150 mil millones de pesos anuales, el total de excedentes menos las aportaciones a estados y municipios, que son adicionales a lo que hoy se invierten en Pemex, se podrían asignar cantidades específicas a las diversas áreas, que de acuerdo con las necesidades pudiesen, en una primera propuesta, quedar como sigue:

40 mil millones de pesos a exploración de petróleo crudo, 20 mil millones de pesos a producción de crudo, 50 mil millones de pesos a inversión en refinación, 10 mil millones a inversión en petroquímica, 20 mil millones en mantenimiento e inversión de ductos y almacenamiento, y 10 mil millones en investigación y desarrollo de hidrocarburos y nuevas fuentes de energía.

Sólo para dar un ejemplo, la inversión anual en refinación para los próximos seis años, para dejar de importar hidrocarburos debería de ser de alrededor de 30 mil millones de pesos anuales.

150 mil millones, todos los excedentes que se destinarían a Pemex significarían la inversión en refinación para los próximos cinco años.

Reiteramos que lo anterior se suma a la inversión que hoy se está haciendo en Pemex y que se concentra fundamentalmente en producción en campos ya existentes y desarrollados y en la exploración de gas en el norte.

La utilización de excedentes en actividades estratégicas permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo para mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas; este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde tenemos, cuando menos, y de acuerdo con Pemex, 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.

Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y desarrollo en nuevas áreas, a lo largo de varios años, nos daría, eventualmente, la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra o renta de la tecnología que fuera necesarias para emprender en su momento y cuando sea necesario la exploración y producción en mayores profundidades.

Este volumen de inversión es factible por los altos precios del crudo, entendiéndose que su desembolso debe hacerse en la medida de la capacidad de ejecución de proyectos por parte de Pemex y asegurando que estos fondos excedentes se le destinen con independencia de las limitaciones programables anuales.

Conviene señalar que la fórmula con la que actualmente se proyecta el precio del petróleo en el Presupuesto de Egresos de la Federación permite que se generen estos excedentes que para los próximos años deberán ser destinados en la misma proporción a los estados y municipios y a Pemex.

En caso de que el barril de petróleo registre una baja en el mercado internacional, proponemos que se reduzca el gasto corriente suntuario como las remuneraciones excesivas del gobierno federal en una proporción tal que se compense con la caída de los ingresos petroleros.

Por otro lado, la deuda de Pidiregas de todo el sector energético a diciembre de 2007 era de 62 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 50 mil corresponden a Pemex y el resto a Comisión Federal.

Esta deuda, que resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados, dadas las restricciones presupuestales que le impone Hacienda a Pemex está frecuentemente inflada pues incluyen costos que los contratistas agregan simplemente para asegurarse que sus operaciones son rentables, por ello este no puede seguir siendo el esquema de financiamiento en las inversiones del sector energético.

Cabe mencionar también que parte de los recursos que Pemex ha dado al gobierno han servido para aumentar las reservas del Banco de México, que ya están rondando los 85 mil millones de dólares. Estos recursos los invierte el Banco en instrumentos que le dan tasas del cinco por ciento anual, mientras en cambio los pidiregas tiene un costo de aproximadamente el doble.

Sin embargo, para la deuda contraída previamente a través de Pidiregas ésta debe ser absorbida por el Estado, afirmamos que la deuda contratada por Pemex es, ante todo, una deuda del país y del Estado y éste debe sumir esas obligaciones.

Primero, para liberar a Pemex de los fuertes vencimientos de Pidiregas en los próximos años y, segundo, para reducir el costo efectivo de sus servicio.

Esta propuesta liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de dos mil 500 millones de dólares en intereses y también daría una señal inequívoca a los mercados financieros internacionales de que en materia petrolera la nación es garante de Pemex y se mantiene como empresa de la nación y que estamos comenzando a poner la casa en orden en materia de deuda.

Tres, fortalecimiento de las áreas estratégicas de Pemex.

La contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex junto con los Contratos de Servicios Múltiples, actividades que las iniciativas oficiales pretenden ampliar, incluida la que se presentó ayer, han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex, vulnerando la verdadera autonomía y la gestión de Pemex y por ello, deben establecerse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de la empresa, basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional.

Además, las propuestas de Calderón no atiende los problemas operativos de Pemex que impiden una mayor productividad en la entidad.

Por ejemplo, al sólo interesarles hacer negocios para beneficio de grandes empresas y algunos funcionarios públicos prefieren comprar el gas a precios muy elevados que resolver problemas de operación para evitar que 700 millones de pies cúbicos de gas natural se quemen diariamente en la sonda de Campeche, los cuales equivalen al 30 por ciento de lo que se utiliza actualmente para la generación eléctrica.

Por eso, nuestra propuesta consiste en fortalecer las áreas sustantivas de Pemex y la ingeniería nacional, dotándolas de recursos y enfrentando la negligencia.

De manera específica proponemos lo siguiente:

Resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno que ha originado el cierre de 80 pozos, o al menos 80 pozos, los cuales en promedio, de acuerdo con los propios ingenieros de Pemex, arrojarían en conjunto una producción de 500 mil barriles de petróleo crudo diarios.

Cabe mencionar que el cierre de dichos pozos y la quema de gas en la atmósfera es producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre gas y nitrógeno que debería haber estado en operación desde 2002.

Repito, el cierre de 80 pozos que nos darían una producción de 500 mil barriles diarios y la quema de 700 millones de pies cúbicos en la atmósfera son producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre el gas y el nitrógeno que debería haber estado en operación desde 1992.

Asimismo, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional, sólo hemos explorado el 20 por ciento, que permitiría incrementar el ritmo de reposición de reservas de bajo costo, en particular intensificación y desarrollo de las actividades exploratorias en aguas someras donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción en las áreas de Coatzacoalcos Marino, Campeche poniente y región marina suroeste, así como en las áreas de crudo de Ku-Mallob-Zaap y Sihil, donde se encuentra la mayor parte de estas reservas.

La reactivación de la explotación de campos maduros, hay que decir que cerca del 48 por ciento de la producción mundial proviene de dichos campos, a través del desarrollo de tecnología de recuperación mejorada donde tenemos actualmente más de mil pozos con posibilidades de aportar importantes volúmenes de hidrocarburos.

Intensificar la exploración, desarrollo y producción en la Cuenca de Burgos pero no bajo el esquema de Contratos de Servicios Múltiples, así como las posibilidades en Veracruz, en Block Holok poniente del proyecto del Golfo de México B.

Aumentar la capacidad de refinación en Salina Cruz y Minatitlán y construir tres nuevas refinerías que tentativamente podrían estar una en Tuxpan para aprovechar la construcción de puertos por donde entra la gasolina importada, Atasta, Campeche y Dos Bocas, Tabasco, para aprovechar el crudo que se produce en estas zonas.

Cuatro, fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de la energía, con la vinculación entre Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y otras entidades públicas, planeación, inversión y desarrollo para la transición energética.

El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en la investigación y desarrollo de tecnología, como institución rectora en la investigación y desarrollo en hidrocarburos, generando concordancias con otras instituciones.

Entre el IMP y Pemex debe haber una gran constante sinergia. El IMP es formador de técnicos y científicos que a la larga van a dar a Pemex un horizonte nuevo de posibilidades tecnológicas.

También debe establecerse programas permanentes de investigación y desarrollo con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y otras instituciones públicas de educación superior e investigación, así como en el desarrollo de fuentes rentables de energía, el ahorro y el uso eficiente de la energía y al disminución de impactos ambientales.

El IMP y las instituciones públicas de educación e investigación deben salir fortalecidazas de una reforma energética, nuestra propuesta se sustenta en utilizar y potenciar la ingeniería y la ciencia mexicana. La propuesta oficial es que esta investigación se haga en el extranjero por empresas privadas.

Asimismo, el país debe consolidar su sector petrolero pero también debe ir desarrollando paralelamente fuentes alternas de energía que disminuyan la dependencia del consumo de los hidrocarburos, minimicen los impactos ambiéntales y promuevan un uso eficiente y racional de los recursos.

En esta perspectiva deben canalizarse recursos para la investigación y desarrollo tecnológico de estas fuentes, pero también debe reorientarse la planeación energética para ir incorporándolas. Esto generará un uso racional del petróleo que incluso permitirá una vida más larga de las reservas.

Cinco, garantizar el funcionamiento de un Comité Anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex.

Todos los mexicanos sabemos que uno de los principales problemas de Pemex es la corrupción, tan sólo baste mencionar los casos del Pemexgate, Juan Camilo Mouriño, Repsol y los Bribiesca.

De nada sirve, como lo hace la propuesta oficial, copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial de la legislación extranjera que nada tienen que ver con la realidad de la entidad pública mexicana y al mismo tiempo crear un régimen de excepción para entregar contratos por asignación directa a sus empresas favoritas.

Por ello, proponemos que además de los actuales mecanismos de auditoría de Pemex, como su propia contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, como parte del Consejo de Administración de Pemex se forme un Comité Anticorrución con la tarea primordial de vigilar los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

Este comité debe formarse con ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que les den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso, de forma condensada, y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección.

Legisladores, amigas y amigos, señoras y señores, la propuesta integral que hoy presentamos representa una visión radicalmente distinta a la visión oficial, a la visión que presentaron las iniciativas del señor Calderón, la nuestra está sustentada en una visión nacional, de crecimiento económico, fortalecimiento de las instituciones públicas y soberanía nacional, una política de planeación y desarrollo energético soberanos, son posibles.

Tenemos los recursos económicos, tenemos las capacidades humanas, sólo resta la voluntad política.

Muchas gracias
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Discurso de la secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el foro de debate sobre la reforma energética, con el tema "Principios que deben regir la reforma energética", realizado en el Senado, Ciudad de México, 15 de mayo de 2008.

miércoles, 9 de julio de 2008

En los últimos ocho años, la peor gestión de PEMEX

En los últimos ocho años, la peor gestión de petróleos mexicanos

Marcelo Ebrard

En el Distrito Federal invitaremos a una consulta, de acuerdo a la Ley local, para el día 27 de julio, a todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital de la República. Invitaremos al Instituto Electoral del Distrito Federal para que conduzca esta consulta. Y, desde luego, proponer al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y a los señores gobernadores aquí presentes, que hagamos lo propio, porque ésa va a ser la forma de que las diferentes posturas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos, en primer lugar”.

Gracias, senador, señores senadores, señor presidente, señores gobernadores, señoras y señores.

En primer lugar, agradecer la invitación de que fui objeto para participar en este foro y, si ustedes me permiten, me concentraría en los comentarios que voy a hacer en los elementos sustantivos de la reforma a Pemex, o de las reformas en torno a Pemex, que están sujetas a revisión y a debate.

A mí me parece que las iniciativas que han sido enviadas por Felipe Calderón al Senado deben ser rechazadas, y me explico. Habrá que sustituirlas, habrá que hacer muchas otras cosas. El sentido más importante de esas iniciativas es sustituir el dominio exclusivo de la nación o, dicho de otro modo, dar marcha atrás al artículo 27 constitucional y al sentido esencial de que la nación tenga el dominio de la industria petrolera para mejor proveer a los intereses de la nación mexicana.

Ése es en esencia lo que se está proponiendo, se niega todavía, todos los días, pero quizá el primer ejercicio es aclarar qué es lo que discutimos; no estamos discutiendo cómo se va a distribuir o cómo se van a distribuir los recursos que provengan del excedente petrolero estrictamente. No estamos discutiendo el acuerdo de coordinación fiscal o el decreto de presupuesto de egresos del 2009, estamos discutiendo el artículo 27 constitucional.

Con la iniciativa que se ha enviado, con un subterfugio —por cierto, con muchos antecedentes y precedentes en otros debates muy importantes para el país— se restringe en un solo artículo la exclusividad a la nación, adicionando un término a hidrocarburos, un adjetivo, y se le pone: hidrocarburos estratégicos, y con ese subterfugio, porque lo es, se pretende dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27.

En consecuencia, dejan de formar parte de la industria petrolera el transporte, almacenamientos —indispensables y necesarios para interconectar la explotación y elaboración del gas—, el transporte, almacenamiento, distribución de los derivados del petróleo y del gas, que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, y que constituyen petroquímicos básicos, y se amplía, por supuesto, el permiso para que los particulares transporten, almacenen, distribuyan no sólo gas, sino también el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y los productos del producto refinado, y de petroquímicos básicos; simplemente eso es lo que estamos debatiendo.

¿Por qué no se planteó una reforma directa al artículo 27 constitucional? Que esto va asociado a lo que se pretende con la iniciativa, es decir, para calificar una iniciativa hay que calificar y entender también la estrategia política que la anima, y en este caso lo que no se quería es lo que está ocurriendo el día de hoy aquí, una discusión pública, y una atención pública sobre una decisión de la envergadura de la que estamos comentando.

Y por consiguiente, se decidió ir por una ley secundaria; por cierto, no es la primera vez; el primer intento data de 1941, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, apenas tres años después de la expropiación petrolera, a instancias de los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban una serie de productos, y le ofrecieron a México un acuerdo similar al que hoy se nos presenta. Ni siquiera es una idea original, es una muy vieja idea, sólo que no ha tenido éxito.

Ahora, para fundamentar este asunto, semejante cambio que a todos nos interesa, partimos de la base de que estamos hablando del principal rubro de los ingresos nacionales y de la más importante industria de México. Para justificar lo que acabo de referir, se nos dice que hay un diagnóstico terrible de Pemex, nada más que lo que no se dice es que la situación actual de Petróleos Mexicanos se deriva en los últimos ocho años, porque acá no se podrá decir que así se les entregó el año pasado; llevan ocho años manejando Petróleos Mexicanos, los proponentes.

Y si ustedes hacen un diagnóstico de ese periodo de ocho años, lo que hay es la peor gestión de Petróleos Mexicanos de toda la historia de México. Sólo daré algunos datos, derivados de decisiones, acciones u omisiones respecto al manejo de Petróleos Mexicanos.

Del año 2000 al 2008, el periodo que comento, Pemex pasó de ser la quinta empresa más importante del mundo, a ser la número 14. La inversión total en nuestra empresa, Petróleos Mexicanos, se redujo al mínimo, llegando al año 2007 a .57 por ciento del Producto Interno Bruto.

Más de 60 por ciento de las actividades de Pemex, exploración y producción, han sido realizadas por contratistas, por cierto, en su mayoría extranjeros. Se ha mantenido una política dirigida a incrementar la producción sin reponer reservas; de casi 45 por ciento de reposición que se daba en 99, para el 2001 la reposición fue de cero, y descendió hasta menos 20 por ciento en el 2002.

Y, bueno, la inversión en tecnología, es decir, principalmente en el Instituto Mexicano del Petróleo, ha sido reducida consistentemente, al grado de que representa .03 por ciento de las ventas de la paraestatal.

Todo esto que acabo de decir, en los años de los precios más altos de la historia del petróleo; nunca México había tenido tantos recursos como en este periodo, y nunca en la historia de México se había manejado tan mal Petróleos Mexicanos.

Por si ello fuese poco, basta con examinar otro dato. De los considerables recursos adicionales que recibió nuestro país, sólo entre 2004 y 2007, 696 mil millones de pesos fueron destinados a gasto corriente, 61.7 por ciento, o sea, 429 mil millones de pesos en ese periodo.

¿De qué nos sirvieron esos recursos, que pudieron haber sido invertidos en parte para remediar lo que se nos presenta ahora en el diagnóstico? Pues nos sirvieron, según se nos informa, para financiar gasto corriente y pasible.

Sorpresivamente, del diagnóstico que se presenta se pasa por los proponentes a señalar que se debe, entonces, cambiar la naturaleza de la industria petrolera mexicana, privatizándola, cuando la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿Y cómo se pasa de ese diagnóstico, producto de una gestión, de una política, a una propuesta de privatización?

¿Qué es lo que está mal? ¿La naturaleza jurídica de la industria petrolera? ¿O la política de la gestión pública que se ha seguido durante 8 años para colocar a Pemex en la situación desesperada que hoy se nos presenta, justo en el momento en el que más recursos hemos tenido en toda la historia?

Me parece, entonces, que la primera conclusión es: que debemos, en primer lugar, exigir cuentas, señoras y señores, respecto a la gestión que se ha hecho. ¿Por qué está Petróleos Mexicanos así?

Desde luego, nadie dice que Petróleos Mexicanos se quede como está. Es una gestión pésima. Se requieren cambios urgentes, pero ninguno de ellos tiene que ver con cambiar la naturaleza jurídica, es decir, la exclusividad de la nación sobre la industria petrolera.

Por otra parte se nos dice, como se dijo, por cierto, en los años treinta, frente a la expropiación, que los mexicanos, nada más y nada menos, no podemos con el paquete. Seguramente ustedes han visto la campaña mediática que nos dice: que para ir por el tesorito, pues hay que permitir que lo hagan otros, porque nosotros no podemos. Ése es el argumento.

Y ya yo lo que diría, es que es verdaderamente increíble que se atrevan a proponerle al país, mediante esta iniciativa y los fundamentos que conlleva, que renunciemos a un destino nacional propio, es decir, que aceptemos que no tenemos manera de desarrollar a una industria que, hoy por hoy, es una de las industrias más rentables del mundo, frente a cualquier otro tipo de actividad económica.

Es decir, ¿qué país, hoy, de los países productores de petróleo, se está planteando qué hacer con su empresa casi en quiebra?, según los balances que se presentan de Petróleos Mexicanos, porque simple y llanamente somos el único país que está en esa circunstancia, ¿merced a qué?, a esa gestión, a políticas y acciones que se han tomado?

Por supuesto que sí podemos hacerlo. No se requiere cambiar la naturaleza, me parece a mí, del artículo 27 constitucional, para lograr los fines que se proponen. Se puede tener una empresa mucho más eficaz, mucho mejor posicionada, que aporte más a la renta petrolera, pero para ello hay que sacudir el dominio, la subordinación de Petróleos Mexicanos que ha guardado en particular respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que la usa como la caja que ajusta los balances globales del gobierno federal, destinándolo primordialmente a gasto corriente.

Entonces, no podemos aceptar ese argumento, pues eso sería tanto como decirnos a nosotros mismos, en sentido contrapuesto a 1938, exactamente contrapuesto: Que los mexicanos no somos capaces, y que entonces hay que subordinarnos.

Porque entonces, si no podemos ser capaces de desarrollar nuestra propia industria, la preguntaría sería: ¿De qué somos capaces?, si es el recurso principal de México.

Se invierte la lógica del artículo 27 constitucional. Es decir, si la lógica era que la nación disponga de esos activos, los desarrolle y los distribuya para sus fines sociales y de todo tipo, ahora redúzcase la participación de la nación y que se sustituya por la participación ¿de quiénes? Pues, desgraciadamente van a ser empresas extranjeras, eso es lo que no se dice, pero eso es lo que se está convocando en la iniciativa.

Entonces, déjenme hacer una referencia muy breve.

Encuentro yo, en toda esta discusión, argumentos muy similares a los que escuchamos hace poco con otro asunto muy delicado que fue el tema del rescate bancario. Simplemente lo menciono para que lo tengamos presente.

Porque se dijo en tribuna qué México no podía con el sistema bancario. ¿Y cuál es el resultado hoy? El sistema de pagos en manos de extranjeros. Pocos países del mundo tienen el sistema de pagos en manos de extranjeros, México es uno de ellos. Estamos pagando, en este lapso, de 2000 para acá, 280 mil millones de pesos de intereses que no debíamos de estar pagando a las instituciones bancarias. Y todo lo que se ofreció a cambio no ocurrió. México no se ha convertido en un centro financiero global; México está exportando, incluso, capital. Entonces, mucho cuidado con esos argumentos.

Yo les diría a ustedes, que aquí hay, entonces, una diferencia muy sustantiva, no es técnica. ¿Por qué estamos en diferentes posturas? Porque hay dos ideas esenciales: una idea, que desarrollemos la industria nacional. No necesitamos cambiar las leyes para contratar lo que necesitemos, de hecho se hace hoy.

Y hay otra idea que es, subrepticiamente, dar al traste con el artículo 27 constitucional e ir por la privatización de Petróleos Mexicanos. Y aquí, yo no puedo acusar de incongruencia a los proponentes, porque ha sido su idea desde siempre, a nadie debe llamar a sorpresas.

Lo que sí llamaría a sorpresas es que ni siquiera se ubique y esté claro cuál es el debate en cuestión. Hay dos ideas, por eso estamos en posiciones distintas. La pregunta es ¿cómo se resuelve? Y yo lo que propongo aquí es que convoquemos a la consulta a todas las ciudadanas y ciudadanos del país. Lo podemos hacer la mayor parte de los gobiernos de los estados, porque es obvio que Calderón no lo va a hacer, pues si no quería que ni nos diéramos cuenta.

Y en el ánimo de contribuir en ello, les comento: que en el Distrito Federal invitaremos a una consulta, de acuerdo a la Ley Local, para el día 27 de julio, a todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital de la República. Invitaremos al Instituto Electoral del Distrito Federal para que conduzca esta consulta. Y, desde luego, proponer al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y a los señores gobernadores aquí presentes, que hagamos lo propio, porque ésa va a ser la forma de que las diferentes posturas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos, en primer lugar.

Segundo. Que todos puedan participar, dada la envergadura de la decisión que estamos comentando.

Tercero. Yo diría que no hay ningún argumento, no hay ningún argumento para eludir una consulta pública cuando hay un tema de esta naturaleza, salvo que se tenga temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando.

No sostenemos que Pemex se quede como está. ¡Eh! Lo que tenemos que hacer es que tenga una gestión diferente y otra política, porque la situación de Pemex hoy sí se puede corregir, pero no tratando de cambiar el artículo 27 constitucional por la puerta de atrás.

Si quieren discutir el 27, discutámoslo de frente. Hagamos un debate nacional sobre eso. Y si hay argumentos a presentarse, que se presenten. Pero intentarlo por una ley secundaria, es una grave deshonestidad.

A mí me parece que en manos de los gobernadores está el que se pueda llevar a cabo esta consulta, y si el Congreso de la Unión así lo resolviese, podría llevarse a cabo en todo el país y estar lista, evaluándose las diferentes propuestas, porque hay varias, para fines del mes de julio, a efecto de que el Congreso de la Unión tome en cuenta la postura de todos y todas las ciudadanas de nuestro país.


Por su atención. Muchas gracias.