TRANSICIÓN Y SEGURIDAD ENERGÉTICAS
Jorge Eduardo Navarrete
Me parece que, de entrada, conviene aclarar los conceptos básicos, pues suele empleárseles con contenidos diversos que producen, a veces, malentendidos.
El inicio de la revolución industrial suele identificarse con la transición de la madera al carbón como principal fuente de energía primaria. En el siglo xx, el mundo ya transitó del carbón a los hidrocarburos, aunque el primero siga siendo importante incluso en economías desarrolladas. Se presencian ahora dos transiciones simultáneas: la primera, dentro de los hidrocarburos, del petróleo al gas natural, y, la segunda, del conjunto de los combustibles fósiles hacia fuentes alternas, nuevas o “resucitadas”, como podría considerarse a la nuclear. También ahora, pero todavía más en los laboratorios que en los mercados, se han iniciado las transiciones del futuro: en especial, hacia nuevos vectores de energía, como el hidrógeno, y la fusión nuclear. Los procesos de transición responden a peculiaridades nacionales. Incluso en los esquemas más avanzados de integración, como
En segundo término, por seguridad energética suele entenderse la capacidad de un país para satisfacer – de manera suficiente, oportuna, competitiva y con productos de menor impacto ambiental – la demanda nacional de energía, en el presente y por un periodo razonable hacia el futuro, que suele medirse por lustros y decenios más que por años. La seguridad energética tiene contenidos diferentes en función de la disponibilidad de recursos. Para un importador neto de energía, como Japón, incluye contar con fuentes de suministro externo seguras y confiables. Para un exportador neto, como Arabia Saudita, implica satisfacer primeramente, con producción nacional de energéticos primarios, la totalidad de su demanda.
En ambos casos, el concepto de seguridad energética es indisociable de la racionalidad y sustentabilidad del consumo. No puede pretenderse que cubra demandas dispendiosas o notoriamente ineficientes. Situarse a la vanguardia de la eficiencia energética es una de las mejores vías para alcanzar la suficiencia de suministros frente a la demanda actual y la seguridad energética, ante las exigencias de largo plazo del desarrollo nacional.
Se ha puesto de moda un falso concepto de seguridad energética que la asocia con la satisfacción instantánea de cualquier demanda: gasolina suficiente para llenar los tanques de todos los vehículos sin importar la distancia que recorran por litro; electricidad suficiente para mantener los edificios iluminados y “ambientalizados” durante veinticuatro horas, 365 días. Es este un concepto importado del mayor consumidor de energía del mundo, que ha extendido sus paradigmas depredadores. Más que ser imitado, como por desgracia ocurre, debería ser combatido mediante políticas públicas eficaces.
Como en tantos otros renglones del desempeño económico mexicano, la transición energética del país ha estado estancada en el presente siglo. El escaso movimiento registrado ha ido en contra de la evolución deseable, pues el país se ha tornado más dependiente de los combustibles fósiles, al tiempo que ha disminuido la contribución de la electricidad primaria (hidro, geo, eolo y nucleoelectricidad) y no ha variado la correspondiente a biomasa (bagazo y leña). Mientras en otros países, ante el imperativo del cambio climático, se procuró y en algunos casos se elevó el aporte de las fuentes menos emisoras de gases de efecto invernadero, México continuó dependiendo de los combustibles fósiles para satisfacer cerca de nueve décimas de su consumo, aunque elevó en cinco puntos la participación del gas natural.
Tampoco se ha garantizado la seguridad energética de la nación. En el presente siglo, la satisfacción de importantes demandas nacionales de energía depende, de manera creciente, de suministros foráneos, principal pero no únicamente en los casos del carbón y del gas natural. Esta insuficiencia ha estado en buena medida determinada por decisiones erróneas en materia de generación eléctrica, que han priorizado las plantas carboeléctricas y, sobre todo, los ciclos combinados de gas natural, acentuando la dependencia de los suministros importados de esos energéticos primarios y, por tanto, reduciendo la seguridad energética de la nación.
Entre 2004 y 2007 la capacidad efectiva instalada de las generadoras públicas apenas creció: 1.3% en el trienio.[2] En cambio, la correspondiente a los productores externos aumentó en más de la mitad. En otras palabras, desde que se autorizó la generación independiente de energía, cfe y lfc han dejado de invertir en generación. Cabe preguntar si, de manera similar, Pemex suspenderá todas sus inversiones en refinación si se incurre en el yerro de autorizar la instalación en el país de refinerías privadas.
La verdadera ausencia de seguridad energética proviene de la dependencia estructural respecto de suministros, inversiones, tecnologías y prácticas administrativas foráneas. Proviene de renunciar al dominio y control nacionales de los procesos de los que depende la disponibilidad y oportunidad de los suministros. La dependencia externa y el deterioro de la seguridad energética se acentuarían si las iniciativas bajo examen fuesen aprobadas – “digo, es un decir.”
El diagnóstico que respalda las iniciativas de ley referidas a la reforma petrolera incluye sólo una alusión a la transición energética. Propone dotar al país “de las herramientas para prepararlo para la transición gradual hacia fuentes energéticas renovables, más amigables con el medio ambiente y compatibles con un crecimiento económico sustentable” (p 118). Al final del día, para insistir en los anglicismos, esta sugerencia no encuentra correlato en ninguna de las iniciativas de ley presentadas tras el diagnóstico.
En cambio, se dedica cierta atención al tema de la seguridad energética. Se considera que “la reducción de las reservas pone en riesgo la seguridad energética del país” (p 14). Se afirma que debería llegarse a una tasa de reposición de reservas de “cuando menos el 100% e incluso más si se desea fortalecer la seguridad energética del país” (p 15). Finalmente se afirma que es preciso “atacar todos los frentes [de extracción] posibles de manera simultánea para garantizar la seguridad energética del país en el mediano plazo (p 49).” Estas tres alusiones dejan en claro que se considera que “fortalecer” o “garantizar” la seguridad energética en el mediano plazo exige mantener o aumentar el actual nivel de producción del orden de 3 mbd.
Se encuentra aquí una de las principales debilidades del diagnóstico y de las iniciativas derivadas del mismo. Habría que definir el destino que se desea dar en el futuro a la producción petrolera mexicana. No se plantea hipótesis alguna sobre la transición esperada. No se señala si se dará prioridad a satisfacer la demanda interna o se prevé mantener un volumen de exportación que absorba, como ahora, algo más de la mitad de la extracción total. Parece darse por supuesto que la actual distribución entre transformación interna y exportación de crudo – fifty-fifty, como dirían los técnicos de
Más que postular, de manera dogmática, como verdad revelada, el objetivo de mantener al menos, por casi tres lustros, la actual plataforma petrolera, habría que definir, primero, cómo va a evolucionar la demanda nacional de combustibles y otros petrolíferos y petroquímicos, para uso final, generación eléctrica y transformación industrial. Cómo van a reconstruirse los eslabonamientos productivos a partir de la disponibilidad oportuna, suficiente y competitiva de energía. De ahí podría desprenderse el volumen de crudo que deberá extraerse, teniendo en cuenta la optimización del ritmo de explotación de los yacimientos.
Llama la atención que las referencias a seguridad energética se encuentren únicamente en dos de las iniciativas: la referida al proyecto de reformas de
Debe quedar claro que, si al proponer que se mantenga o incremente la actual plataforma petrolera, se espera conservar o incluso acentuar el actual sesgo exportador – como algunas declaraciones oficiales sugieren – no se está fortaleciendo ni garantizando la seguridad energética de México. En todo caso, se estaría contribuyendo a fortalecer o garantizar la de las naciones a las que se exporta el crudo.
Así como, con las reformas planteadas, se pretende alterar lo esencial modificando lo secundario, en el ámbito internacional se ha solido denominar acuerdos a textos que corresponden más bien a la figura de tratados, a fin de evitar someterlos a la ratificación del Senado. Tal parece ser el caso del “Acuerdo Trilateral sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología Energéticas”, adoptado en Montebello, Canadá, en agosto de 2007.[3] Su texto establece el objetivo de fomentar “la investigación y el desarrollo energéticos, a escala bilateral o trilateral, para el desarrollo de tecnologías de energía avanzadas, para usos pacíficos, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad”. En su artículo 3º, entre los campos de aplicación del Acuerdo – que incluyen las energías renovables, la eficiencia energética, la energía nuclear, los combustibles fósiles y la electricidad – se cita, como numeral v, “los instrumentos de planificación de la seguridad energética”.
Quizá este documento poco conocido, que sólo aparece en la página web en inglés de
Se explica así la insistencia en mantener e incluso ampliar la plataforma de producción petrolera y de preservar y aun acentuar el sesgo exportador de la explotación de los yacimientos petrolíferos mexicanos: contribuir a garantizar la seguridad energética de América del Norte. Como la de Canadá está más que garantizada, se trata, en un palabra, de ayudar a la seguridad energética del consumidor más dispendioso del planeta.
Lo expuesto conduce a la conclusión de que los intereses nacionales en materia de transición y seguridad energéticas no son servidos de manera alguna por las iniciativas presentadas, que desde este punto de vista merecerían ser rechazadas. Forman parte de un esquema que ignora la necesaria transición energética en México y subordina la seguridad energética del país a la de Estados Unidos.
Permítaseme usar el último minuto de que dispongo para argüir que, además de por su intención privatizadora y sus rasgos de inconstitucionalidad, las iniciativas deberían ser rechazadas porque no definen un conjunto coherente de políticas públicas en materia de energía, colocado al servicio de los intereses del desarrollo nacional. Para plantear una verdadera reforma energética, hay que ampliar el horizonte y traer a la mesa otros enfoques, otras opciones y otras propuestas sobre la reforma de Pemex; sobre el conjunto del sector de la energía; sobre la economía y la sociedad a cuyos intereses sirven, y sobre el entorno mundial en que se insertan.
Además, no existe un mandato popular que proporcione base a un planteamiento de este alcance y naturaleza. Una iniciativa de reforma de tal magnitud no puede provenir de una administración surgida de un proceso electoral cuestionado y portadora de un enorme déficit de legitimidad. En todo caso, tendría que ser replanteada para corregir sus vicios y deficiencias y validada mediante alguna forma de consulta ciudadana.
Ciudad Universitaria, 26 de mayo de 2008.
[1] Comisión de las Comunidades Europeas, Libro verde: estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura, Bruselas, marzo de 2006 [sec(2006)317].
[2] Éstas y las demás cifras sobre capacidad de generación provienen de Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, México (http://sie/energia.gob.mx).
[3] Este texto no aparece en el catálogo de instrumentos internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado contenido en la página web de esta cámara legislativa.
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